Una sentencia lógica, que defrauda a algunos


Cuando las Cortes de Cádiz acordaron una nueva ley fundamental, la Constitución de 1812, el diputado Agustín Arguelles presentó el texto del documento y exclamó: “¡Españoles, ahora tenéis una patria! Aquel trozo de papel, en otras palabras, confería sustancia a una nación que hasta entonces solo había sido una aspiración. En realidad, a pesar de Arguelles, en aquel momento no había ni patria ni ningún sentimiento de solidaridad nacional en España. ¿Y cómo podía un simple un simple documento, ferozmente contrario a los sentimientos políticos de la mitad del pueblo en el país, crear de la nada una patria?

A pesar de todo, los historiadores posteriores y los artistas fijaron ese año 1812 como una representación del nacimiento de una nación, y publicaron libros y pintaron cuadros que dieron sustancia formal a su sueño. Era la construcción mítica de un pasado legendario.

Si los castellanos pudieron hacerlo entonces, otros podrían hacerlo después. Casi del mismo modo, los catalanes de un periodo posterior intentaron crear una realidad únicamente forjada en su imaginación, y centraron su atención en el año 1714. De todas las naciones que constituyen España, los catalanes fueron los más implacables a la hora de exigir y afirmar su identidad. Su persistencia se debió fundamentalmente a que otros (especialmente el Conde-Duque de Olivares en 1640) amenazaron sus privilegios y al final, como consecuencia de la Guerra de Sucesión española, los abolieron en 1714, en el reinado del Borbón, Felipe V con sus “Leyes de Nueva Planta”, borrón y cuenta nueva a los privilegios forales, provocando esta acción resentimientos múltiples en los territorios afectados, que duran hasta el momento actual.

Esto, que a lo largo de los muchísimos años transcurridos, nadie ha tenido (gobiernos sucesivos) la idea de arreglar de una manera dialogada y acordada. O no se ha hecho nada o se ha empleado la fuerza de una manera  descontrolada y sin sentido.




En la actualidad, ante los sucesos que están ocurriendo, el Tribunal Supremo (órgano máximo del poder judicial español), ha actuado para mi con una lógica jurídica intachable, ha condenado con arreglo a las leyes actuales a los autores confesos de delitos contra las mismas. Dejando los problemas políticos inherentes en manos de los representantes políticos para que dialoguen en serio de una vez, y se pongan de acuerdo en beneficio de tos los habitantes de esta vieja piel de toro.

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